 Josep Maria Canyelles aportó una reflexión desde la disciplina de la Responsabilidad Social Corporativa para ayudar a mejorar la calidad de las políticas públicas y de la regulación, a la vez que tenga resortes para efectuar políticas públicas no sólo normativas, entendiendo que la RSC puede favorecer el desarrollo de una estrategia complementaria a aquella de carácter normativo, y mediante una política soft puede tener una incidencia en el funcionamiento de la actividad empresarial.
El experto comenzó haciendo una rápida contextualización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tanto en su concepto como metodología. Una vez establecido que se trata de un enfoque de gestión empresarial pasó a hacer un abordaje desde las políticas públicas.
Inicialmente ya advirtió que, desde la lógica de la RSC, no se pretende dictaminar si una actividad es ética o no, ni hacer una reflexión de tipo moral, sino tratar de asegurar que los principios éticos y de sostenibilidad integren dentro de la gestión organizacional, dando un marco donde la empresa pueda desarrollar esta responsabilidad hacia la sociedad.
Su intervención inicial, de 15 minutos, hizo un repaso de la RSC en el sector turístico, destacando la importancia que debe tener para Cataluña, que es una de los principales destinos turísticos mundiales, y corresponde al gobierno junto con los agentes del sector consensuar y marcar las líneas que nos proyecten hacia el futuro, superando el modelo de sol y playa y desarrollando otros modelos de turismo según se marquen las prioridades, aprovechando las oportunidades de posicionamiento de que disponemos para poder competir pudiendo esperar unos buenos resultados y también pudiendo de ello sentir-se orgullosos como ciudadanos de este país.
Sobre algunas malas prácticas en el campo del buen gobierno, y específicamente corrupción y ludopatía, destacó los aspectos sin entrar en más detalle dado que expertos en la materia también habían hecho sus comparecencias en la Comisión.
Canyelles defendió la oportunidad que Cataluña se convierta en un Territorio Socialmente Responsable, con un modelo catalán de turismo que responde a una suma de destinos, y que la RSC de unas empresas y de un proyectos pase a formar parte de una estrategia de país y de sector. Cataluña tiene la oportunidad de convertirse en un Territorio Socialmente Responsable, un país identificado en el mundo por los valores de la responsabilidad social, la ética, la transparencia, la sostenibilidad. Es un reto ambicioso pero que seguro liga con las aspiraciones de la ciudadanía y de muchas empresas comprometidas que creen que el valor del trabajo bien hecho que nos ha identificado desde hace décadas debe evolucionar incorporando también el atributo de la responsabilidad ante los retos que plantea la sociedad.
En la parte más propositiva de la intervención, Canyelles indicó que se debería establecer la obligación de rendición de cuentas según estándares internacionales en los vectores de la RSC (impactos económicos, ambientales, laborales, sociales, buen gobierno) de las empresas que actúan en la actividad de juegos y apuestas y, por extensión, propondríamos que en todas las actividades especiales por razón de su peligrosidad o riesgo social, ambiental, económico, laboral y gobernabilidad.
Además, añadió que "el marco de esta rendición de cuentas debe basarse en estándares internacionales genéricos, pero desarrollados a partir de las especificidades del sector y del territorio. Los operadores deben mostrar capacidad de comprensión de los elementos materiales que deben conformar en todo momento la gestión de la RSC en el sector de referencia (turístico, juego ...) y en el territorio donde operan (Costa Daurada, Catalunya ...). Así, los grupos de interés del territorio, gobierno incluido, deberían tener la capacidad de concretar cuáles son las principales expectativas que la sociedad tiene respecto a esta actividad económica para facilitar que se puedan ir desarrollando las mejores prácticas".
Para mostrar esta intencionalidad pública desde el primer momento y tenerlo en cuenta en las adjudicaciones, "en el momento en que una empresa se postula para entrar a operar en un sector especialmente regulado por razón de su impacto, riesgos, o especial interés, sería necesario que el órgano contratante o concesionario pidiera que los candidatos explicaran qué modelo de RSC tienen previsto aplicar".
Finalmente, lanzó dos últimas reflexiones sobre la responsabilidad social respecto a las operaciones de gran alcance o gran repercusión sociopolítica como la que nos ocupa:
1) Cuando una operación de este tipo se hace bien tanto en la puesta en marcha como en la gestión, de manera que los grupos de interés valoran que los impactos son positivos, y las empresas implicadas obtienen la legitimidad social para poder operar, se está reforzando el capital de confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los operadores que facilitará que otras operaciones similares en el futuro puedan llevarse a cabo minimizando el coste de transacción que supondría la desconfianza [...]
2) Las grandes compañías o las grandes operaciones deben ganar la licencia social para operar a través de incorporar una visión pública. El hecho de que sean empresas privadas y que pretendan legítimamente obtener beneficios no impide que la manera de comportarse incorpore valores públicos, ganando ciudadanía corporativa [...]
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